Los transportistas de cargas peligrosas junto a la FADEEAC lograron la derogación de una norma que ponía
en peligro la continuidad de las empresas del sector La incansable gestión de la Cámara Argentina del Transporte
Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (Catamp)
acompañada por la FADEEAC ante las autoridades nacionales
de Medio Ambiente, logró la derogación del Artículo 3 de
la Resolución 177 de 2013 que fijaba un seguro de caución
para la actividad que se debían resolver mediante una impracticable
y diabólica fórmula polinómica.
La resolución era un costo oculto incalculable más para el
sector ya se trataba de un seguro de caución en el que por
esa fórmula se calculaba un pago que no tenía techo y «nunca
se sabía qué era lo que teníamos que pagar los transportistas
porque estaba basado en el recorrido que se debería
hacer», recordó Juan Segovia, presidente de la Catamp y
prosecretario de Relaciones Institucionales y Prensa de
FADEEAC.
Precisó que «había que calcular por qué cantidad de ríos,
arroyos , puentes, cuántos espejos de agua por dónde se
debía circular es donde se comenzaba a utilizar dicha fórmula,
ni hablar en cuanto a la posibilidad de derrames , hechos
que era imposible poner en práctica por la geografía de
nuestro país, lo que no permitía cuantificar el daño al medio
ambiente y este seguro cubriría únicamente al Estado , lo
cual de haberse implementado hubiera significado la desaparición
de las empresas que pudieran sufrir un siniestro».
Agregó que la solicitud de los servicios se hace con una
antelación que «no permitía llevar a cabo en el corto plazo
en que son requeridos por los dadores de carga ya que lo
solicitan en la mayoría de las veces de un día para otro la
realización de un transporte, más aún para un viaje de larga
distancia».
«¿Cómo se puede calcular la cantidad de arroyos, ríos, puentes
y o lugares donde hay sumideros de agua por donde se debe
transitar? O si dónde el camión se detendrá para reabastecerse,
hay alcantarillas. Incluso si el camión volcase a la vera del
camino y hubiera un derrame del producto que trasladaba que
pudiera producir daño al medio ambiente de acuerdo con la
celeridad con que se tratase. Todos temas incalculables», enfatizó
el presidente de la cámara.
«Íbamos a pagar un seguro de caución por el cual lo que se
recaudaba por el mismo esto le respondía al Estado y luego
accionaba contra el transportista, quien en definitiva asumía
los riesgos, los costos y la cobertura que abonaríamos no nos
cubría en absoluto. Incluso, ante cualquier tipo de reclamo,
el transportista debía hacerse cargo de todos los gastos de
remediación y todos los inherentes a lo que esta situación le
ocasionaba», por lo cual Segovia resaltó las gestiones llevadas
a cabo por Catamp y la FADEEAC con la compresión de los
funcionarios se logró derogar.
Los dirigentes del transporte iniciaron sus gestiones en el mismo
momento en que fue redactada la norma original en 2013,
ante el entonces subsecretario de Promoción y Desarrollo
Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Juan Pablo Vismara, y Juan Andrés Trebino, un
abogado de carrera quien hoy es subsecretario de Control y
Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con aquella mediación se logró evitar que la norma entrase
en vigor, aunque «siempre estuvo para aplicarse, pero no se
hizo porque demostramos que era una fórmula polinómica
impracticable y lo único que hacía era ponernos la mano
en el bolsillo sin saber cuánto nos iban a sacar», insistió el
presidente de Catamp. Luego se siguió conversando con el
ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta
Saenz Peña, hasta que el ministro de Medio Ambiente, Sergio
Bergman, firmó la derogación final.
Constante control
Segovia hizo hincapié en que esta experiencia demostró que
«el administrado tiene que ejercer un control constante y continuo
para que no se vean vulnerados sus derechos y exista
racionalidad en el accionar del administrador. Que aunque a
veces, ante los intereses a enfrentarse, parezca toda empresa
imposible, no es así cuando se actúa con transparencia,
decisión y vigor. Que para tales empresas se requiere el apoyo
y determinación del sector; y que es de esperar también el
poder dar con funcionarios probos y valientes».
Al explicar la situación, el presidente de la Catamp recordó
que «este seguro de caución ya regía para las plantas fijas
que podía calcular un riesgo con un elevado costo, según
el lugar donde estuvieran ubicadas, el tipo de producto que
utilizaran, los efluentes y el tipo de peligro que pudieran tener,
calcular un riesgo. Pero, para las plantas móviles, que es
cómo se denomina al transporte, no».
Consideró que desde algún sector «vieron la veta de poder
instalar sobre las plantas móviles este seguro de caución
que no tenía techo, por lo que no se podía calcular cuánto se
debía pagar por viaje y además había que pedir al dador que
entre 15 y diez días antes nos diera el itinerario para saber
por dónde podríamos programar los viajes para minimizar
los riesgos ante un accidente, medir las características del
camino y hacer un cálculo con el que, a lo mejor, diseñar un
recorrido más largo para evitar la mayor cursos de agua se
debía alargar muchísmo, lo que aumentaba el costo logístico
con el que nos demonizan al transporte de cargas».
El futuro del diálogo
«Sobre todo eso se está trabajando ahora», continuó el dirigente
y aceptó que «se va a imponer un nuevo seguro que no
sería de caución, lo que nos permitiría que sepamos realmente
qué es lo que vamos a pagar y qué nos va a cubrir».
En ese sentido, el titular de la Catamp destacó que desde el
Gobierno nacional «en este momento, nos están escuchando,
estamos trabajando con ellos, hay un buen diálogo con
las actuales autoridades, somos un órgano de consulta para
esto que tiene que ver con los costos ocultos que nos hacen
mucho daño».
Segovia insistió en que desde la cámara se considera que «al
tener una póliza de flota con una responsabilidad civil más
aún los que hacemos transporte de mercancías peligrosas,
se podía subir el monto de esa cobertura. Pero es impracticable
que alguien pueda llegar a calcular o imaginar un costo
por los daños al medio ambiente que podría causar un accidente
del que no se conocen cual serán sus características».
«Nosotros queremos trabajar dentro de las normas que nos
indica la ley y saber qué costos vamos a tener para poder
calcular nuestras tarifas, estar cubiertos al pagar una póliza
de cobertura de responsabilidad civil que nos cubre daños
vuelco y demás, con primas razonables que puedan volcarse
a tarifas y que realmente estemos cubiertos», concluyó
Segovia.
en peligro la continuidad de las empresas del sector La incansable gestión de la Cámara Argentina del Transporte
Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (Catamp)
acompañada por la FADEEAC ante las autoridades nacionales
de Medio Ambiente, logró la derogación del Artículo 3 de
la Resolución 177 de 2013 que fijaba un seguro de caución
para la actividad que se debían resolver mediante una impracticable
y diabólica fórmula polinómica.
La resolución era un costo oculto incalculable más para el
sector ya se trataba de un seguro de caución en el que por
esa fórmula se calculaba un pago que no tenía techo y «nunca
se sabía qué era lo que teníamos que pagar los transportistas
porque estaba basado en el recorrido que se debería
hacer», recordó Juan Segovia, presidente de la Catamp y
prosecretario de Relaciones Institucionales y Prensa de
FADEEAC.
Precisó que «había que calcular por qué cantidad de ríos,
arroyos , puentes, cuántos espejos de agua por dónde se
debía circular es donde se comenzaba a utilizar dicha fórmula,
ni hablar en cuanto a la posibilidad de derrames , hechos
que era imposible poner en práctica por la geografía de
nuestro país, lo que no permitía cuantificar el daño al medio
ambiente y este seguro cubriría únicamente al Estado , lo
cual de haberse implementado hubiera significado la desaparición
de las empresas que pudieran sufrir un siniestro».
Agregó que la solicitud de los servicios se hace con una
antelación que «no permitía llevar a cabo en el corto plazo
en que son requeridos por los dadores de carga ya que lo
solicitan en la mayoría de las veces de un día para otro la
realización de un transporte, más aún para un viaje de larga
distancia».
«¿Cómo se puede calcular la cantidad de arroyos, ríos, puentes
y o lugares donde hay sumideros de agua por donde se debe
transitar? O si dónde el camión se detendrá para reabastecerse,
hay alcantarillas. Incluso si el camión volcase a la vera del
camino y hubiera un derrame del producto que trasladaba que
pudiera producir daño al medio ambiente de acuerdo con la
celeridad con que se tratase. Todos temas incalculables», enfatizó
el presidente de la cámara.
«Íbamos a pagar un seguro de caución por el cual lo que se
recaudaba por el mismo esto le respondía al Estado y luego
accionaba contra el transportista, quien en definitiva asumía
los riesgos, los costos y la cobertura que abonaríamos no nos
cubría en absoluto. Incluso, ante cualquier tipo de reclamo,
el transportista debía hacerse cargo de todos los gastos de
remediación y todos los inherentes a lo que esta situación le
ocasionaba», por lo cual Segovia resaltó las gestiones llevadas
a cabo por Catamp y la FADEEAC con la compresión de los
funcionarios se logró derogar.
Los dirigentes del transporte iniciaron sus gestiones en el mismo
momento en que fue redactada la norma original en 2013,
ante el entonces subsecretario de Promoción y Desarrollo
Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Juan Pablo Vismara, y Juan Andrés Trebino, un
abogado de carrera quien hoy es subsecretario de Control y
Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con aquella mediación se logró evitar que la norma entrase
en vigor, aunque «siempre estuvo para aplicarse, pero no se
hizo porque demostramos que era una fórmula polinómica
impracticable y lo único que hacía era ponernos la mano
en el bolsillo sin saber cuánto nos iban a sacar», insistió el
presidente de Catamp. Luego se siguió conversando con el
ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta
Saenz Peña, hasta que el ministro de Medio Ambiente, Sergio
Bergman, firmó la derogación final.
Constante control
Segovia hizo hincapié en que esta experiencia demostró que
«el administrado tiene que ejercer un control constante y continuo
para que no se vean vulnerados sus derechos y exista
racionalidad en el accionar del administrador. Que aunque a
veces, ante los intereses a enfrentarse, parezca toda empresa
imposible, no es así cuando se actúa con transparencia,
decisión y vigor. Que para tales empresas se requiere el apoyo
y determinación del sector; y que es de esperar también el
poder dar con funcionarios probos y valientes».
Al explicar la situación, el presidente de la Catamp recordó
que «este seguro de caución ya regía para las plantas fijas
que podía calcular un riesgo con un elevado costo, según
el lugar donde estuvieran ubicadas, el tipo de producto que
utilizaran, los efluentes y el tipo de peligro que pudieran tener,
calcular un riesgo. Pero, para las plantas móviles, que es
cómo se denomina al transporte, no».
Consideró que desde algún sector «vieron la veta de poder
instalar sobre las plantas móviles este seguro de caución
que no tenía techo, por lo que no se podía calcular cuánto se
debía pagar por viaje y además había que pedir al dador que
entre 15 y diez días antes nos diera el itinerario para saber
por dónde podríamos programar los viajes para minimizar
los riesgos ante un accidente, medir las características del
camino y hacer un cálculo con el que, a lo mejor, diseñar un
recorrido más largo para evitar la mayor cursos de agua se
debía alargar muchísmo, lo que aumentaba el costo logístico
con el que nos demonizan al transporte de cargas».
El futuro del diálogo
«Sobre todo eso se está trabajando ahora», continuó el dirigente
y aceptó que «se va a imponer un nuevo seguro que no
sería de caución, lo que nos permitiría que sepamos realmente
qué es lo que vamos a pagar y qué nos va a cubrir».
En ese sentido, el titular de la Catamp destacó que desde el
Gobierno nacional «en este momento, nos están escuchando,
estamos trabajando con ellos, hay un buen diálogo con
las actuales autoridades, somos un órgano de consulta para
esto que tiene que ver con los costos ocultos que nos hacen
mucho daño».
Segovia insistió en que desde la cámara se considera que «al
tener una póliza de flota con una responsabilidad civil más
aún los que hacemos transporte de mercancías peligrosas,
se podía subir el monto de esa cobertura. Pero es impracticable
que alguien pueda llegar a calcular o imaginar un costo
por los daños al medio ambiente que podría causar un accidente
del que no se conocen cual serán sus características».
«Nosotros queremos trabajar dentro de las normas que nos
indica la ley y saber qué costos vamos a tener para poder
calcular nuestras tarifas, estar cubiertos al pagar una póliza
de cobertura de responsabilidad civil que nos cubre daños
vuelco y demás, con primas razonables que puedan volcarse
a tarifas y que realmente estemos cubiertos», concluyó
Segovia.
