El municipio mendocino de Las Heras propuso el cobro de un gravamen a todos los camiones que
circulen por la Ruta 7 en Uspallata. La FADEEAC, a través de su presidente Daniel Indart y de
su secretario Guillermo Werner, hicieron llegar al intendente
de Las Heras, Rubén Miranda, solicitando «no continuar
con el proyecto (se refiere al predio concesionado en
Uspallata a una UTE) que no dudamos de calificar de ilegal
y abusivo».
En la nota, FADEEAC que analizó el proyecto de concesión
a través de su departamento legal indica que «existen
claros reparos legales que sustentan nuestra firme
posición institucional, toda vez que ninguna disposición
municipal o provincial pueden gravar o dificultar los servicios
de transporte automotor de cargas interjuridiccional
e internacional».
Esta solicitud respaldó una queja en camiones frente a la
sede municipal de Las Heras, debido a los nuevos costos
que supondrá esta concesión para el transporte de cargas
mediante el cobro de un cánon obligatorio de 375 pesos
por pesaje y desinsectación, en el predio denominado Los
Álamos, que fue concesionado a una Unión Transitoria de
tres empresas, generando un millonario negocio para las
mismas.
En esa oportunidad, al menos 100 camiones se apostaron
frente al edificio municipal, contra la concesión de ese predio
de más de 50 hectáreas de Uspallata, donde los vehículos
se verán obligados a parar y a abonar el canon por
controles forzosos que, además, ya hacen otros organismos
en frontera.
Voces que se alzaron y momentos de tensión se vivieron,
cuando los transportistas encabezados por el presidente
y vice de la Asociación de Propietarios de Camiones de
Mendoza (Aprocam), Guido Calzetti y Andrés Dicésare,
respectivamente, concretaron la medida decidida por los
socios, para quejare contra el proyecto del municipio.
La concesión del predio Los Alamos fue otorgada a una UTE
formada por las empresas Dorisol SA, Mercosur Logística
Integral SA y EAG SA que harán allí una obra estableciendo
controles obligatorios para los camiones, que deberán
pagar un canon cada vez que pasen la frontera.
Los trámites de Aprocam
«Los controles que quieren establecer de desinsectación ya
los ejerce el SAG en frontera y el de pesaje se hace cuando
el camión sale del lugar de destino; además, hay una
báscula a 10 kilómetros de allí que puede utilizarse, y no
necesitan cobrar por eso. Esto es claramente un kiosco que
le dejará mucho dinero al municipio y los privados», reclamaron
los transportistas, quienes fueron recibidos por el
jefe de Gabinete, Daniel Urquiza; la secretaria de Hacienda, Patricia di Cataldo; el secretario de Obras, Hugo López, y el
director de Asuntos, Legales Mariano Domínguez.
Desde febrero, la comisión directiva de Aprocam estaba
haciendo gestiones para conocer este proyecto que debía
ser público y solicitando reuniones con el intendente
Miranda. Nunca fueron atendidos y el proyecto se conoció
en septiembre, se informó.
Ante la inminente concesión del predio, ubicado al norte
de la Ruta Nacional Nº 7, Km. 1151, en el lugar denominado
«Los Álamos», de Las Heras, para Anteproyecto,
Construcción, Operación y Administración del Centro
Integral de Servicios al Camionero de Uspallata, donde se
procederá al pesaje y desinsectación «obligatoria» de todos
los vehículos que circulen por la R.N.7, los empresarios enviaron
una nota de reclamo al Municipio.
En la nota solicitaron «el estricto cumplimiento en cuanto
a las evaluaciones de impacto ambiental que un centro de
integral de servicios al camionero debe acatar», además de
«copia de todo lo actuado para analizar y eventualmente
proceder a hacer conocer nuestra aceptación o disidencia
con el proyectado centro integral».
Desde Aprocam consideraron que «debiera mediar algún
tipo de audiencia en la cual podamos expresarnos con
nuestras objeciones antes de iniciar ningún tipo de obras,
en atención a que la terminología de obra pública a concesionar
estaría anticipando la obligatoriedad de ingresar o
pasar por dicho centro integral, lo cual cargaría nuevos costos
que nuestros sector trata de evitar cuando no agregan
valor o competitividad a nuestra actividad».
circulen por la Ruta 7 en Uspallata. La FADEEAC, a través de su presidente Daniel Indart y de
su secretario Guillermo Werner, hicieron llegar al intendente
de Las Heras, Rubén Miranda, solicitando «no continuar
con el proyecto (se refiere al predio concesionado en
Uspallata a una UTE) que no dudamos de calificar de ilegal
y abusivo».
En la nota, FADEEAC que analizó el proyecto de concesión
a través de su departamento legal indica que «existen
claros reparos legales que sustentan nuestra firme
posición institucional, toda vez que ninguna disposición
municipal o provincial pueden gravar o dificultar los servicios
de transporte automotor de cargas interjuridiccional
e internacional».
Esta solicitud respaldó una queja en camiones frente a la
sede municipal de Las Heras, debido a los nuevos costos
que supondrá esta concesión para el transporte de cargas
mediante el cobro de un cánon obligatorio de 375 pesos
por pesaje y desinsectación, en el predio denominado Los
Álamos, que fue concesionado a una Unión Transitoria de
tres empresas, generando un millonario negocio para las
mismas.
En esa oportunidad, al menos 100 camiones se apostaron
frente al edificio municipal, contra la concesión de ese predio
de más de 50 hectáreas de Uspallata, donde los vehículos
se verán obligados a parar y a abonar el canon por
controles forzosos que, además, ya hacen otros organismos
en frontera.
Voces que se alzaron y momentos de tensión se vivieron,
cuando los transportistas encabezados por el presidente
y vice de la Asociación de Propietarios de Camiones de
Mendoza (Aprocam), Guido Calzetti y Andrés Dicésare,
respectivamente, concretaron la medida decidida por los
socios, para quejare contra el proyecto del municipio.
La concesión del predio Los Alamos fue otorgada a una UTE
formada por las empresas Dorisol SA, Mercosur Logística
Integral SA y EAG SA que harán allí una obra estableciendo
controles obligatorios para los camiones, que deberán
pagar un canon cada vez que pasen la frontera.
Los trámites de Aprocam
«Los controles que quieren establecer de desinsectación ya
los ejerce el SAG en frontera y el de pesaje se hace cuando
el camión sale del lugar de destino; además, hay una
báscula a 10 kilómetros de allí que puede utilizarse, y no
necesitan cobrar por eso. Esto es claramente un kiosco que
le dejará mucho dinero al municipio y los privados», reclamaron
los transportistas, quienes fueron recibidos por el
jefe de Gabinete, Daniel Urquiza; la secretaria de Hacienda, Patricia di Cataldo; el secretario de Obras, Hugo López, y el
director de Asuntos, Legales Mariano Domínguez.
Desde febrero, la comisión directiva de Aprocam estaba
haciendo gestiones para conocer este proyecto que debía
ser público y solicitando reuniones con el intendente
Miranda. Nunca fueron atendidos y el proyecto se conoció
en septiembre, se informó.
Ante la inminente concesión del predio, ubicado al norte
de la Ruta Nacional Nº 7, Km. 1151, en el lugar denominado
«Los Álamos», de Las Heras, para Anteproyecto,
Construcción, Operación y Administración del Centro
Integral de Servicios al Camionero de Uspallata, donde se
procederá al pesaje y desinsectación «obligatoria» de todos
los vehículos que circulen por la R.N.7, los empresarios enviaron
una nota de reclamo al Municipio.
En la nota solicitaron «el estricto cumplimiento en cuanto
a las evaluaciones de impacto ambiental que un centro de
integral de servicios al camionero debe acatar», además de
«copia de todo lo actuado para analizar y eventualmente
proceder a hacer conocer nuestra aceptación o disidencia
con el proyectado centro integral».
Desde Aprocam consideraron que «debiera mediar algún
tipo de audiencia en la cual podamos expresarnos con
nuestras objeciones antes de iniciar ningún tipo de obras,
en atención a que la terminología de obra pública a concesionar
estaría anticipando la obligatoriedad de ingresar o
pasar por dicho centro integral, lo cual cargaría nuevos costos
que nuestros sector trata de evitar cuando no agregan
valor o competitividad a nuestra actividad».
