Mediante el decreto 828/2010 se publicó en el Boletín Oficial la denuncia contra los asambleístas de Gualeguaychú por el corte de ruta.
El Gobierno oficializó hoy el decreto que ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú que cortan desde hace más de tres años la ruta que conecta con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
En tanto, la Asamblea de Gualeguaychú confirmó que se levantará el corte de ruta por dos meses. Ana Angelini, abogada de los asambleístas, confirmó esta mañana que el miércoles en una “asamblea más ampliada” se elevará la moción de “levantar el corte de ruta por dos meses para ver si Uruguay está dispuesta a monitorear la planta de Botnia”. “Queremos correr este impedimento así no hay excusas", enfatizó.
En diálogo con FM Milenium aseguró que "es una decisión acertada levantar el corte por dos meses" y relató que fue ella la que pidió "el cuarto intemedio hasta el miércoles para evaluar la situación".
Mediante el decreto 828/2010, firmado el viernes por la presienta Cristina Fernández de Kirchner pero publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avaló la denuncia gubernamental efectuada por el procurador del Tesoro en la causa número 57.839.
El Gobierno entiende que "la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".
Se explica además que el fallo del 20 de abril de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "resolvió que la República Oriental del Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe, establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975".
Agrega que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la ruta 136 involucra ilícitos referentes a "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", añade.
El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak.
Fuente: Télam
Redacción: ABE – 14/06/2010
