La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná citó a una audiencia pública y oral para el mes próximo a los diez asambleístas que fueron querellados por el Gobierno, por bloquear la ruta binacional 136 en sus protestas contra la papelera Botnia en Arroyo Verde.
La audiencia fue fijada para el 15 de octubre a las 8.30 en el Palacio de Tribunales de Paraná, para determinar si los asambleístas deben ser citados a indagatoria.
Al acto asistirán los vecinos de Gualeguaychú acusados de cometer un total de 14 delitos durante el corte de ese paso internacional, entre ellos el de "homicidio culposo".
Los diez asambleístas convocados son: Jorge Fritzler, Juan Ferrari, Osvaldo Fernández, Siria Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez.
De esta forma, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Carlos María Álvarez, dio lugar a lo dispuesto por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra.
Por eso el 15 de octubre los camaristas escucharán en primer lugar al fiscal Álvarez y luego podrán hacer uso de la palabra los diez asambleístas para que recién entonces, eventualmente, los jueces realicen preguntas a las partes.
Una vez que las partes sean escuchadas, los jueces de Cámara se retiraran a deliberar y dictarán su sentencia, aunque caso contrario tienen cinco días para hacerlo: si rechazan la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y se confirma la sentencia el juez subrogante Gustavo Pimentel de no citarlos a indagatoria.
El magistrado había rechazado el planteo del Gobierno aduciendo que debía tenerse en cuenta "el contexto social imperante" durante la protesta contra la instalación y posterior funcionamiento de la planta de celulosa de la firma Botnia, hoy controlada por UPM.
En cambio, si se da lugar a la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas tal como lo pide la fiscal federal.
Esta querella fue promovida por el Gobierno mediante la presentación del Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha.
El juez, en una resolución del 1 de julio pasado, dispuso aceptar a Da Rocha como parte querellante, dejó pendiente la investigación respecto de la casi totalidad de los delitos denunciados por falta de elementos, y se pronunció solamente respecto de la interrupción del tránsito en la ruta internacional 136.
En relación al corte de ruta, el juez Pimentel decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas, aunque esa resolución fue luego apelada por la fiscal interviniente Daniela Neyra.
Fuente: Télam
