La Ciudad de Buenos Aires aplicará multas de $146.000 a los vehículos pesados que circulen por carriles no habilitados.
La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos. Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, el Gobierno porteño instaló un sistema para detectar y multar a quienes circulen por carriles no habilitados. La Ley de tránsito prohíbe a camiones y ómnibus usar cualquier carril: deben circular por el derecho y usar el segundo para sobrepaso.
La implementación del nuevo sistema de fiscalización electrónica tiene como finalidad controlar y sancionar la circulación indebida de vehículos pesados en las autopistas de la Ciudad, para que respeten la obligación de transitar por el carril derecho o el segundo de la derecha en caso de sobrepaso.
En este sentido, la Ley de tránsito establece que “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos”.
Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, que busca mejorar la seguridad vial y promover una convivencia más ordenada entre todos los actores que transitan diariamente por las autopistas.
Riesgos
Como parte del plan, en agosto se incorporaron ocho nuevos puntos de control, debidamente señalizados a lo largo de las autopistas. La circulación indebida de camiones no solo constituye una infracción, sino que representa un riesgo concreto para la seguridad vial: estos vehículos requieren mayores distancias de frenado, generan puntos ciegos y ocupan más espacio, lo que incrementa la congestión y afecta la fluidez del tránsito, impactando directamente en la experiencia diaria de los usuarios.
El sistema fue diseñado para reforzar el cumplimiento de la normativa sin necesidad de operativos presenciales. Contempla una multa de $146.000 para este tipo de infracción, ya que la sanción establecida alcanza las 200 unidades fijas (valor de la unidad fija: $731,62). Esto permite optimizar la eficiencia del control y garantizar un proceso de fiscalización transparente, eliminando cualquier margen de discrecionalidad.
