Los traders de granos, pellets y aceites frenarán el recibo de mercadería a modo de protesta por los sucesivos obstáculos oficiales para concretar embarques que están registrando (con mayor intensidad) en las últimas dos semanas.
Las principales compañías exportadoras de granos, pellets y aceites del país podrían frenar el recibo de mercadería a modo de protesta por los sucesivos obstáculos oficiales para concretar embarques que están experimentando (con mayor intensidad) en las últimas dos semanas.
Las empresas involucradas en esta “guerra” contra el gobierno nacional son fundamentalmente las globales Cargill, Dreyfus y Bunge y las argentinas Vicentín y Aceitera General Deheza.
“El gobierno está desesperado por hacerse de recursos fiscales y tomó medidas totalmente irracionales que las grandes empresas exportadoras no aceptan ni van a aceptar”, comentó una fuente del mercado que prefirió no ser identificada.
Varias de las empresas exportadoras comenzaron a recibir días atrás inesperadas inspecciones por parte de agentes de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), quienes solicitaron información de operaciones realizadas en los últimos años.
Otro de los motivos que generó descontento en los exportadores es que hace unos veinte días se encuentran varados una gran cantidad de barcos cargados con fuel oil en los puertos ubicados en la zona de influencia de Rosario (Up River).
Buena parte de dichos buques estaban asignados para cargar aceites y biodiesel luego de descargar el combustible, pero esto aún no se produjo por falta de pago por parte del Estado argentino (ningún organismo estatal relacionado con aspectos energéticos se ha hecho cargo aún de este suceso).
El viernes pasado el gobierno nacional dispuso un régimen optativo que extiende el plazo actual de 45 días para oficializar un embarque de granos y derivados en aquellos casos en los cuales los exportadores se comprometan a pagar las retenciones por adelantado (los plazos en cuestión son 90 días corridos en el caso del trigo, 120 en maíz y 180 para harina de trigo y productos de los complejos sojeros y girasoleros).
La medida fue tomada por las autoridades oficiales para intentar calmar los ánimos de los directivos de las principales compañías que integran Ciara-CEC. Pero sólo habría logrado el efecto contrario, dado que los traders consideran que los mayores plazos de embarque deberían estar garantizados por la legislación argentina y no convertirse en una suerte de “peaje” para captar recursos tributarios por adelantado.
Otro de los capítulos de esta “guerra” se juega en el ámbito logístico. El sindicalista del gremio de Camioneros Pablo Moyano dijo, en declaraciones publicadas ayer por el diario Crítica de la Argentina, que realizará un plan con “medidas de acción directa en puertos y silos” al considerar inaceptable que muchos “choferes (que trabajan para compañías agroindustriales) están encuadrados en cualquier convenio colectivo menos en el de camioneros y algunos que figuran como monotributistas”
“Se hizo un relevamiento con inspectores del Ministerio de Trabajo y se detectaron todo tipo de irregularidades, en empresas como Nidera, Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata y Bunge”, dijo el hijo del titular de la CGT, Hugo Moyano, para luego agregar que “en pocos días vamos a arrancar con las medidas de fuerza”.
En el presente escenario, la demanda de granos por parte de las compañías exportadoras podría reflejar una progresiva caída que inevitablemente perjudicará los mecanismo de formación de precios en el mercado local.
(Fuente: Infocampo)
