La justicia confirmó la medida cautelar que ordenó al Ministerio de Energía a asignar a un grupo de empresas mayores cupos mensuales para la producción de biodiesel, e incluirlas en los listados que habilitan la venta del combustible.
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó, en fallo dividido, el recurso presentado por el Ministerio de Energía contra la medida provisoria dictada en el marco de una demanda promovida por las sociedades anónimas Biocorba, Biobal y Refinor Bio, con lo que quedaron habilitadas para la venta de biodiesel.
Fuentes judiciales confirmaron que las empresas argumentaron que habían finalizado la construcción de sus plantas de producción conforme con lo aprobado y requerido por las autoridades, cumpliendo la totalidad de los requisitos contenidos en la Ley 26.093, sobre el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
Las sociedades probaron estar registradas como “Elaboradoras de biocombustible”, y citaron la resolución 660/15 de la Secretaría de Energía que ratificó el Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional, con asignaciones mensuales de cupos y priorizando a las empresas con capacidad de elaboración anual de hasta 50.000 toneladas.
La cartera de Energía y Minería había planteado que la medida cautelar soslayaba facultades de la administración pública y constituía una violación al principio constitucional de división de poderes.
Según los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallego Fedriani, “la demandada no logra -en este estado del proceso- explicar por qué no cumple con la normativa aplicable al caso, otorgándoles a las accionantes la categoría correspondiente para la producción de biodiesel en la cantidad que sus plantas están capacitadas de ofrecer”.
Recordaron que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación habilitó a las empresas a funcionar pero, al no asignarles cupos, les generaba “un perjuicio económico” debido a que “poseen una significativa capacidad de producción ociosa”.
Las sociedades “manifiestan que han efectuado importantes inyecciones de dinero para la finalización y puesta a punto de las plantas, encontrándose en perfectas condiciones técnicas de producir la cantidad de toneladas de biodiesel requeridas, tal como surge de las inspecciones realizadas por el propio Ministerio”, evaluaron Treacy y Gallegos Fedriani.
En disidencia, el camarista Jorge Alemany afirmó que del régimen legal y reglamentario “no surge” que el hecho de haber construido plantas de elaboración de biocombustible genere la obligación de la autoridad de aplicación de otorgar un cupo equivalente al total que puede alcanzar el propietario.
24 de octubre de 2017 – ep
