La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata advierte que se podría generar competencia desleal, afectar buques nacionales y desalentar construcción naval argentina.
El proyecto de ley S-1844/26, que propone un nuevo régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, podría generar competencia desleal, afectar a la flota nacional y desalentar la construcción naval argentina, según advirtió la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata.
La iniciativa ingresó al Senado el 20 de octubre de 2026 y se trata en las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda. La entidad pidió que no avance en su redacción actual y que se abra una instancia de diálogo.
Para Domingo J. Contessi, presidente de la Cámara, el proyecto persigue un fin loable, reducir el costo del transporte fluvial y marítimo, pero lo hace desde una visión incompleta y con serias deficiencias conceptuales. La entidad coincide en que la marina mercante quedó reducida a su mínima expresión y en que buena parte de la flota migró a Paraguay por los costos de operar con bandera nacional, aunque sostiene que la iniciativa no resuelve esos costos y omite por completo a la industria naval argentina.
Entre los puntos cuestionados, la Cámara señala que los buques extranjeros podrían ingresar en admisión temporaria sin pagar derechos de importación ni IVA y sin límite de antigüedad, que no se exige reparar ni mantener las embarcaciones en astilleros argentinos y que la amortización acelerada no requiere construcción local.
Además, advierte que el texto derogaría la exigencia de tripulación argentina, abriría el cabotaje a países sin reciprocidad, como Brasil, y retoma el núcleo del DNU 340/2025, rechazado por el Congreso en agosto de 2025.
La entidad valoró las simplificaciones previstas para el transporte de contenedores, el libramiento en origen y el conocimiento de embarque digital, pero propuso un régimen que reduzca el costo de operar bajo bandera argentina, admita buques extranjeros solo como excepción temporal y cuando se encargue uno similar en el país, exija reparaciones locales y una antigüedad máxima, y vincule los incentivos fiscales con la construcción naval nacional. Según la Cámara, el sector quiere ser parte de la solución, no la variable de ajuste.
