Mediante un Decreto, el Estado Nacional se hará cargo de varias rutas con las concesiones vencidas desde hace más de un año.
La empresa mantendrá los puestos de trabajo contratados por los concesionarios.
El Estado Nacional retomará el control de los corredores viales no adjudicados por el sistema de Participación Público Privada y con concesiones vencidas, por lo que la empresa estatal Corredores Viales SA, que maneja el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional, se hará cargo de 3.374 kilómetros de rutas.
Según el Decreto 659/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el Estado tomará a su cargo rutas con concesiones vencidas en 11 provincias.
El texto precisó: «Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA».
El Decreto aseguró que la empresa mantendrá los puestos de trabajo contratados por los concesionarios y determinó que el plazo de la concesión será fijado «en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos».
Corredores Viales SA, empresa administrada en 51% el Ministerio de Transporte y 49% a Vialidad Nacional, se resarcirá con «las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado».
Además, el Estado desarrollará un plan de «obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario».
Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de tres mil kilómetros que tenían las empresas Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
El juez Sebastián Casanello había procesado a principios de este mes al ministro Dietrich y al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel por «ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje», en una causa iniciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA).
La secretaria general titular del sindicato, Graciela Aleñá, había fundado la denuncia en que “se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas».
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”, había alertado STVyARA.
