La concesión de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires fue otorgada por una ley que sancionó la Legislatura, en su sesión del 14 de mayo, a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), a título oneroso y por el plazo de 20 años.
La Red comprende las Autopistas 25 de Mayo (AU-1), Perito Moreno (AU-6), Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7), Teniente General Luis J. Dellepiane, Presidente Arturo Frondizi (AV-1 Sur), Presidente Arturo Umberto Illia (AV-1 Norte), y las Avenidas Lugones, Cantilo, 27 de Febrero, 9 de Julio, Rafael Obligado, Castillo, Güiraldes, Gendarmería Nacional y Antártida Argentina.
La concesión implicará la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red; la ejecución de las obras públicas viales y no viales, que deberán contar con previa autorización de la Legislatura. La concesionaria podrá ejecutar las obras por sí o mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la normativa vigente en materia ambiental.
Se estableció que AUSA recaudará por cuenta propia los ingresos en concepto de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso que se genere por la explotación de la concesión. Además, no podrá erogar más de 40 por ciento de sus ingresos netos para atender gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes. El excedente deberá ser destinado a obras de expansión de red y a las que determine la autoridad de aplicación en el marco de la concesión.
El Ministerio de Desarrollo Urbano, como Autoridad de Aplicación, fue facultado para “reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias”.
El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión seguirá siendo fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico – financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad.
AUSA -cuyo capital accionario se encuentra en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado- tendrá que “transferir el cinco por ciento de los impuestos y gravámenes netos que deberá ser destinado al Fondo permanente para la ampliación de subterráneos", creado por la ley nacional 23.514.
Por otra parte, se creó la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública integrada por los Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto y de Planeamiento Urbano y cuatro diputados/as; respetando la proporción de representación en legislativa.
La Comisión tendrá a su cargo “el seguimiento del cumplimiento de las obras y emitirá en cada oportunidad un dictamen no vinculante sobre la ejecución de las obras que por razones de interés público disponga la Autoridad de Aplicación. A su vez, AUSA deberá informar trimestralmente a la Comisión el avance de las obras en ejecución”.
Tras pasar por Audiencia Pública realizada el 11 de marzo, la norma se sancionó definitivamente sobre la base de un proyecto de ley con despacho de mayoría de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Planeamiento Urbano y de Presupuesto que fue modificado durante el tratamiento en particular.
Redacción deNexos – EP
