Cinco agentes de la Patrulla de Caminos de la Unidad Regional II fueron procesados por exigirle dinero a un camionero a cambio de no abrirle una causa por una supuesta adulteración en el motor de su vehículo.
El chofer se negó a pagar la coima y pasó la noche preso, pero luego se demostró que el camión estaba en regla. El preciso relato del denunciante y las "inexplicables" nueve horas que los efectivos tardaron en notificar el procedimiento al tribunal fundamentaron la resolución judicial.
La medida del juez de Instrucción Javier Beltramone ya fue apelada por los policías imputados, quienes están en libertad y fueron embargados en 500 pesos cada uno. Otros tres policías también acusados de participar de la maniobra recibieron la falta de mérito al no surgir pruebas decisivas en su contra. Uno es el ex jefe de la dependencia, Julio Alberto Rossi, quien tras la denuncia fue separado del cargo. El juez lo desligó porque no estuvo presente en el lugar de los hechos.
Los otros dos efectivos al margen de reproche son dos peritos del Gabinete de Revenidos Químicos de la Unidad Regional II que mientras el chofer permanecía detenido dictaminaron que el motor estaba adulterado. Para el juez, ese informe pudo estar mal realizado por falta de preparación de los técnicos.
El pilar de la resolución fue el relato de la víctima, quien denunció el pedido de dinero cuando ya había recuperado el camión. Para el juez, el denunciante no tenía nada que ganar ni que perder cuando reveló con lujo de detalles cómo un grupo de policías lo invitó a "arreglar" durante un control de rutina en el peaje de General Lagos. Es el mismo lugar donde, en enero de 2008, otros efectivos de la misma dependencia fueron detenidos por idéntica maniobra contra un ciudadano español y su primo argentino (ver aparte).
Todo se originó en ese control caminero la medianoche del 30 de abril pasado. Omar N. regresaba a su casa en un camión Dodge crema tras descargar cereal en la aceitera Vicentín de San Lorenzo cuando dos efectivos detuvieron su paso para controlar los guarismos del motor y del chasis. Los efectivos, contó el chofer, le dijeron que el motor tenía anormalidades porque los números parecían haber sido estampados sobre una base limada con amoladora.
El chofer respondió que al camión, comprado por su padre seis años antes, estaba en regla y sólo le habían realizado una reparación en un taller mecánico de Chascomús. "Nos va a tener que acompañar", le dijeron antes de guiarlo hasta la sede de la Patrulla de Caminos en Granadero Baigorria.
"Me empezaron a decir que por qué no arreglaba, que llamara a mi padre y le dijera que arregle porque de ahí no lo sacaba mas al camión. Llamé a mi padre y me dijo que no arregle. Que no les diera un peso", dijo en la denuncia el camionero. En total, dijo, de esas presiones participaron cinco hombres.
Los policías que actuaron son Raúl Pérez, Oscar Correa, Víctor Cabrera, Carlos Alessi y José Soria. Fueron procesados por tentativa de coacciones agravadas. "Todos aparecen actuando en connivencia con claro dominio del hecho delictuoso", señaló Beltramone.
"Estás hasta las manos". El chofer pasó la noche arrestado y a las 10 de la mañana siguiente llegaron los dos peritos que inspeccionaron el motor. "Me señalaban unas supuestas grietas que según ellos eran números anteriores y me decían que estaba hasta las manos", contó el denunciante.
El juzgado fue notificado recién nueve horas más tarde. Se dispuso la libertad, el secuestro del camión y una nueva pericia de Gendarmería Nacional. Ese informe técnico dictaminó que el motor estaba en regla.
Para el juez fue clave el testimonio "espontáneo y sustancioso" de la víctima. "No logro apreciar por qué N. habría inventado o fabulado" en perjuicio de los efectivos, consideró. Otro sustento de su decisión es el retardo en notificar el operativo a su juzgado. "Si ya se tenía un conocimiento claro de la presunta adulteración, no logra explicarse ni se justifica el motivo de dicha demora", planteó.
Eso sólo se explica, para el juez, si lo que se buscaba era montar un escenario para convencer a la víctima de la conveniencia de un arreglo. "Ninguno de los involucrados ha explicado qué pasó con el chofer y cuáles fueron las razones par-a no comunicar al tribunal en tiempo y forma", consideró.
Fuente: Diario La Capital (Rosario)
