La administración de Cristina Fernández busca movilizar una serie de inversiones privadas por US$ 2.500 millones en proyectos de generación eléctrica renovable, frenadas debido a la falta de garantías legales y señales de precios.
Para ello reglamentó la ley 26.190 que establece incentivos fiscales, desgravaciones impositivas y remuneraciones diferenciales que tendrán las inversiones destinadas a la fabricación de equipos generadores y la producción de energía con recursos renovables.
Así como importantes beneficios, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital. Con esto se declaró de “interés nacional” tanto la generación de energía con fuentes renovables.
Además, la mandataria lanzó el miércoles el programa GenRen (Generación Renovable), que a través de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) se licitará la provisión de 1.000 Megavatios de energía renovable con contratos de compra que tendrán una duración de 15 años. La cifra representa el 5% del consumo eléctrico del país.
Empresas interesadas. Para la generación energía eólica, varias empresas presentaron sus proyectos, los cuales cuentan con diferentes grados de avance. Entre ellas destacan las argentinas Pescarmona, Pampa Holding y Capex, la española Endesa, la estadounidense AES y Genelba (Petrobras). Y se suman las proveedoras europeas de equipos Sowitec (Alemania) y Vestas (Dinamarca).
En tanto, las iniciativas más avanzadas para producir energía con biocombustibles y biomasa, consignó el medio, son de Eurnekian, la empresa Chemo (grupo Sigman) y un conjunto de ingenios azucareros.
deNeXos -26/05/09 – MT
Fuente: América Económica
