Cualquier empresario que intente incursionar en el mercado de la exportación sabe que uno de los aspectos fundamentales que deberá considerar, además de la calidad del producto que envía, es el de reducir al máximo los costos a los efectos de poder competir en precios.
Los países también son conscientes de esa situación y es por ello que tratan de facilitar la tarea de los exportadores, dejando de lado las tediosas trabas burocráticas y reduciendo los derechos de exportación.
Aspectos que parecieran no ser considerados en la Argentina, donde cada vez resulta más difícil, complejo y caro exportar productos, peor aún cuando aparecen tasas -como las que se aplican desde el 1° de abril en el puerto de Buenos Aires- destinadas a un supuesto mejoramiento del predio donde se estacionan los camiones, pero que en realidad esconden una nueva dádiva para el actual titular de la CGT, el camionero Hugo Moyano.
En el esquema mencionado, Mendoza resulta perjudicada, porque sus productos de exportación, como el vino, el mosto, las frutas en fresco y envasadas y las hortalizas deben enfrentarse a mercados altamente competitivos.
Más aún cuando China ingresó con fuerza en los mercados en los últimos años, desplazando a la Argentina al segundo lugar en la exportación de ajo (la actividad local se vio perjudicada inclusive en su principal comprador, Brasil), mientras paralelamente envió a los mercados jugo de manzana que compite directamente con el mosto de uva argentino para la edulcoración de productos.
A esos aspectos deben sumarse las retracciones que han impuesto muchos países al ingreso de productos foráneos como consecuencia de la crisis internacional. Medida que tiende a resguardar las producciones locales y, paralelamente, evitar el envío de divisas al exterior, mientras los propios consumidores han comenzado a retraerse en las compras, hasta que la situación se modifique.
Algunos gobiernos, como los de Chile, Australia o Nueva Zelanda -por señalar algunos de los ejemplos en la actividad vitivinícola- han decidido invertir en campañas publicitarias para evitar una caída en las ventas externas y, además, dispusieron la reducción de aranceles de exportación para que las empresas puedan reducir los costos.
Los funcionarios priorizan, según sus propias afirmaciones, la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y no dejar caer las exportaciones, en razón de que un mercado que se pierde es muy difícil de recuperar.
Todo lleva a indicar que la Argentina va a contramano de las decisiones señaladas. Mantiene altos porcentajes de retenciones a las exportaciones, demora la devolución del IVA y por los reintegros comprometidos de acuerdo con los productos exportados.
Y ahora el Gobierno decidió aplicar una nueva tasa, a través del pago de 14 dólares, más IVA, a cada camión por la descarga y carga de contenedores. De acuerdo con lo señalado por las empresas exportadoras, esa tasa significa una erogación de aproximadamente 1,5 millones de dólares mensuales destinados, según se indica, a las tareas logísticas, servicio a los choferes de camiones y revisión técnica de los vehículos.
Pero lo más grave es el hecho de que no se trata de un predio estatal sino de un terreno administrado por la Federación de Camioneros, que lidera el actual titular de la CGT, Hugo Moyano, quien lo cedió a la empresa Ivectra SA, vinculada también al entorno familiar y sindical del dirigente de los camioneros.
A modo de explicación, se dice que el mejoramiento de la logística del puerto exige una inversión de 16 millones de dólares para el estacionamiento de 400 camiones y contenedores vacíos, en la intención de que el predio permanezca abierto las 24 horas, todos los días del año. También se indica que el proyecto fue presentado por la Federación de Camioneros, que cedió la administración a Ivectra.
La situación afecta directamente las exportaciones mendocinas y, sólo a modo de ejemplo, puede señalarse que una sola empresa, exportadora de vinos a granel, utilizó el año pasado 2.100 contenedores para exportar 49 millones de litros de vino. A lo que habrá que sumar lo que sucede con otras empresas no sólo vitívinícolas sino de todo el abanico exportador mendocino.
Entidades que agrupan a sectores exportadores, como Bodegas de Argentina, han hecho llegar su inquietud al gobernador de la provincia, a los efectos de que interceda ante la Administración General de Puertos y deje de lado la tasa.
Es un tema que también deberían abordar en el Congreso Nacional los legisladores nacionales por Mendoza, para evitar que se concrete en los hechos una verdadera injusticia que perjudica las exportaciones y la economía provincial y que va en beneficio de una organización sindical que sigue acumulando favores a cambio de su apoyo incondicional a la gestión de la actual administración del país.
deNeXos – 29/05/09 – MT
Fuente: Los Andes
