Un acuerdo promovido desde la Secretaría de Transportes nacional dio el puntapié inicial para poner fin al conflicto generado entre empresarios y la policía entrerriana, a partir de la sanción del decreto 1687 del año 2007 que dictara el Ejecutivo local, donde se estipulaba que lo recaudado en concepto de multas por la policía provincial, se repartiera de manera que un 70 por ciento quedase en poder de esa repartición y el 30 restante en manos de la Fiscalía del Estado.
Esa norma legal, además, facilitaba que la policía pudiera cobrar las multas en el mismo lugar de la infracción, lo cual derivó en que no se permitiera que un camión siguiese viaje si no abonaba primero la penalidad. La situación se tornó más difícil, debido a que muchos de esos controles tenían como epicentro a la Ruta Nacional 14, una de las vías de comunicación claves en el Mercosur. Las quejas por fiscalizaciones indebidas sumaron poco a poco a empresarios y asociaciones de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
El reclamo del empresariado transportista apunta a que la policía restrinja su accionar a la fiscalización de tránsito, dejando los controles de transporte a la Gendarmería Nacional, única con atribuciones para ello delegadas por la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Transporte de la Nación.
Desde 2007, la Federación Argentina de Empresarios del Transporte de Cargas (Fadeeac) se hizo eco de las quejas de los empresarios, que denunciaron en reiteradas oportunidades que la policía entrerriana fiscalizaba temas fuera de sus atribuciones (enmarcadas dentro de la Ley Nacional de Tránsito 24.449), y que reclamaba cuestiones inherentes al transporte (Ley Nacional de Transporte Automotor de Cargas, 24.653).
Las quejas recrudecieron en 2009 y la Mesa Ejecutiva de Fadeeac decidió y anunció mediante un comunicado, que a partir del 30 de marzo se dejaría de enviar mercancías hacia la provincia de Entre Ríos. Cuatro días más tarde, el jueves 26, llegó la intervención en el tema de la Subsecretaría de Transporte y la convocatoria a una reunión entre el gobernador Sergio Uribarri y el presidente de la Federación, Luis Morales, en la sede del Ministerio de Planificación.
De ese cónclave surgió el principio de solución. Las partes acordaron reunirse en Paraná el 31 de marzo y finalmente llegaron a un entendimiento, que consiste en elaborar un protocolo que delimite la actuación de la policía entrerriana para fiscalizar los camiones en las rutas, y que tendrá como marco general –como lo es actualmente- la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Redacción Expotrade – RL/EP
