La acción fue realizada por Fadeeac ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la intervención urgente del Gobierno para suspender un “peaje municipal encubierto” y la sobretasa a los combustibles en el Partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
A través de la Licitación Pública 3/25, el Municipio adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez). Se trata de un tramo clave de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
La normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG). Este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.
Violación a las leyes federales
En su presentación, Fadeeac fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966). Al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos -los cuales ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado-, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que pida una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones promovidas por el Estado Nacional contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por 20 años obliga al privado al mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación. Sin embargo, la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial.
